Cristina Kirchner justificó su decisión de recurrir a la ONU por su condena en la causa Vialidad

"Exijo un juicio imparcial e independiente", explicó la ex Presidenta.

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La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó este miércoles un artículo de opinión en distintos medios internacionales para explicar los motivos por los cuales decidió recurrir al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el marco de la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos dictada en la Causa Vialidad.

El texto, titulado "En defensa de los derechos fundamentales y de la democracia", apareció en diarios de alcance internacional como El País (España), Libération (Francia) y Folha de S.Paulo (Brasil).

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En el documento, la exmandataria sostiene que su proceso judicial estuvo marcado por arbitrariedades y vulneraciones al debido proceso, y afirma que su situación trasciende el plano personal para convertirse, según su visión, en un problema institucional que afecta la calidad democrática y los derechos políticos de los ciudadanos.

Asimismo, vincula su caso con un fenómeno que define como el uso del sistema judicial para excluir a dirigentes políticos de la competencia electoral, al tiempo que señala que esa práctica puede observarse en distintos países y representa una forma de deterioro de las democracias contemporáneas.

Kirchner también explica que decidió acudir al Comité de Derechos Humanos de la ONU para que ese organismo analice si, durante el proceso judicial en su contra, fueron respetadas las garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado ratificado por la Argentina.

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Para esta instancia internacional, informó que incorporó a su defensa a los juristas Rafael Valim, de Brasil, y Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En el cierre del artículo, la expresidenta afirma que no busca un trato diferencial, sino un juicio imparcial e independiente conforme a los estándares internacionales, y sostiene que continuará utilizando las herramientas legales disponibles para defender su inocencia. También concluye que la protección de las garantías fundamentales constituye un elemento esencial para preservar el funcionamiento de la democracia.