Crimen de Érika Antonella Álvarez: la defensa de Sosa cuestionó la autopsia de la joven

Resumen para apurados

La defensa de Felipe "El Militar" Sosa cuestionó las conclusiones de la autopsia de Érika Antonella Álvarez y volvió a reclamar una junta médica para determinar con precisión la causa de muerte. Los abogados también pidieron que cese el aislamiento de su cliente, detenido con prisión preventiva desde el 21 de enero. En paralelo, la Justicia extendió por dos meses la preventiva de Jorge Orlando "Chicho" Díaz, mientras la causa avanza hacia el juicio oral.

Érika Antonella Álvarez, de 25 años, fue encontrada sin vida el 8 de enero de este año en un basural de Manantial Sur. Según la investigación de la Fiscalía de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo, la joven había llegado el día anterior en un vehículo de Uber hasta la vivienda de Sosa, en Yerba Buena. La acusación sostiene que entre las 3.50 y las 7 el imputado la golpeó con extrema violencia y le provocó lesiones que le causaron la muerte. Luego habría colocado el cuerpo en bolsas de consorcio y lo habría abandonado en el basural.

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Sosa fue imputado inicialmente por homicidio simple y el 16 de marzo la Fiscalía agravó la acusación a femicidio. En el expediente también fueron imputados Justina Gordillo,  "Chicho" Díaz y Nicolás Navarro Flores por encubrimiento. Este último ya fue condenado a tres años de prisión efectiva mediante un juicio abreviado.

Ayer, por pedido de la Fiscalía, el juez Sebastián Norniella Parache extendió por dos meses la prisión preventiva de Díaz, quien continuará alojado en el penal de Benjamín Paz. Según informó la auxiliar de fiscal Carolina Brito, la causa avanza hacia la etapa intermedia, previa al juicio oral. El Ministerio Público Fiscal ya presentó el requerimiento de apertura a juicio y restan practicar medidas vinculadas con la admisibilidad de la prueba y el control de la acusación.

En paralelo, los defensores de Sosa, Marcelo Cosiansi y Nicolás Flores Fares, reclamaron por las condiciones en las que permanece detenido. Según los abogados, lleva siete meses bajo un régimen de aislamiento y las entrevistas con su pupilo se realizan a través de un acrílico. "No estamos pidiendo la libertad de nuestro asistido, estamos pidiendo que se respeten estándares mínimos mientras el proceso sigue su curso", sostuvieron. Además indicaron que las condiciones de encierro produjeron un deterioro cognitivo en Sosa. "Esto se suma al cuadro de abstinencia y tratamiento psiquiátrico que tuvo que atravesar".

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También cuestionaron las conclusiones de la autopsia. Señalaron que el informe oficial afirma que el cadáver se encontraba en condiciones que impedían observar determinadas lesiones y realizar estudios anatómicos, pero luego establece como causa de muerte un traumatismo craneofacial y cervical.

Para Cosiansi y Flores Fares, los informes posteriores tampoco despejan las dudas. Uno de ellos, realizado por una radióloga del Ministerio Público Fiscal, consideró que los hallazgos eran compatibles tanto con una lesión traumática grave como con cambios producidos después de la muerte. "El informe presenta una contradicción interna que ellos mismos señalan como metodológicamente insostenible. Tenemos tres médicos del mismo Ministerio Público Fiscal, y los tres dicen cosas distintas entre sí sobre el mismo cuerpo", afirmaron.

Por ese motivo, volvieron a exigir una junta médica, una medida que ya había sido solicitada y que fue rechazada anteriormente por un juez. "No estamos pidiendo que se nos crea, estamos pidiendo igualdad de armas para llegar a la verdad con las mismas herramientas que tuvo la Fiscalía", plantearon.