Confirman el procesamiento de "Chiqui" Tapia por una millonaria evasión previsional
La Cámara en lo Penal Económico dejó firme el procesamiento del presidente de la entidad por la retención indebida de $19.000 millones en aportes
Duro golpe judicial a la AFA
La Cámara en lo Penal Económico dejó firme el procesamiento del presidente de la entidad por la retención indebida de $19.000 millones en aportes.
La conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sufrió este viernes un revés judicial de máxima gravedad. La Cámara en lo Penal Económico dejó firme el procesamiento de su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, en el marco de una causa penal que investiga una maniobra de retención indebida de aportes previsionales de los trabajadores de la entidad, un desvío que la Justicia calcula en 19.000 millones de pesos.
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La resolución del tribunal de alzada se originó por un grave error de la estrategia legal del dirigente sanjuanino: la Cámara dio por desierta y se negó a analizar la apelación de la defensa debido a que sus abogados no se presentaron a la audiencia obligatoria fijada. Al no asistir al tribunal, el recurso técnico se cayó de forma automática, dejando el procesamiento de Tapia firme y a un paso del juicio oral.
En la misma resolución, los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio avanzaron con fuerza contra el segundo hombre al mando del andamiaje financiero de la calle Viamonte. El Tribunal de Apelaciones ratificó el procesamiento y dictó un embargo preventivo sobre los bienes de Pablo Toviggino, actual tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia.
Debido a la gravedad del delito económico y al riesgo procesal, la Justicia determinó mantener la prohibición de salida del país para Toviggino, una restricción que impacta de lleno en su agenda de compromisos internacionales vinculados al fútbol profesional.
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Como contrapartida al duro escenario que enfrentan las dos máximas autoridades de la AFA, el fallo de la Cámara trajo alivio para otros integrantes de la estructura que figuraban en el expediente. Los jueces decidieron revocar el procesamiento que pesaba sobre otros tres acusados, al considerar que las pruebas actuales no eran suficientes para mantener la acusación en esta instancia.
No obstante, los magistrados ordenaron a la primera instancia que se profundice la investigación judicial sobre los hechos, con el fin de determinar si existieron más ramificaciones o complicidades en la millonaria retención de los fondos que debían ingresar a las arcas del Estado.
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