Condenan a una exsecretaria médica que falsificó una receta para obtener medicamentos en Yerba Buena

Resumen para apurados

Una mujer acusada de haber falsificado una receta médica utilizando datos de una profesional para la que había trabajado accedió a la suspensión de juicio a prueba (probation) por el término de seis meses, tras un acuerdo entre las partes homologado en una audiencia judicial.

La causa fue tramitada por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego López Ávila, con la intervención de la auxiliar de fiscal Emely Rafael. En la audiencia, la fiscalía formuló cargos contra la imputada por el delito de uso de documento falso o adulterado en calidad de autora.

Según la acusación, el hecho ocurrió el 12 de febrero de 2026, pasadas las 12, cuando la mujer -en su anterior rol de secretaria en el centro médico Cedyt- habría utilizado el acceso a modelos de recetarios e información profesional para confeccionar un documento apócrifo con los datos de una médica.

Con esa receta falsificada, la imputada se presentó en una farmacia de la ciudad de Yerba Buena y adquirió el medicamento Metformina. El recetario incluía un sello y una firma atribuidos falsamente a la profesional, lo que afectó la fe pública y la seguridad sanitaria, según la acusación.

La maniobra fue descubierta el 23 de febrero, cerca de las 19.30, cuando la propia médica damnificada advirtió la irregularidad tras la visita de un cadete de la farmacia a su consultorio, ubicado en Lobo de la Vega al 1000, consignó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

En esa ocasión, la profesional constató que el formulario era un modelo antiguo que ya no utilizaba y que la letra, la firma y el sello no le pertenecían. Ante ello, retuvo el recetario apócrifo junto con documentación vinculada a la compra y luego lo entregó a las autoridades judiciales.

Durante la audiencia, la defensa solicitó la suspensión de juicio a prueba, medida que fue aceptada por el Ministerio Fiscal y homologada por el juez interviniente.

El acuerdo establece el cumplimiento de reglas de conducta por seis meses, la realización de tareas comunitarias en un merendero de Yerba Buena y el pago de una reparación económica de $2 millones.