Concepción reclama una nueva Ley de Coparticipación y presiona a la Corte para que falle sobre su demanda

Resumen para apurados

El intendente de Concepción,Alejandro Molinuevo, volvió a reclamar una reforma integral del sistema de coparticipación provincial y pidió que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán dicte sentencia en la causa iniciada por el municipio. Según sostuvo en diálogo con LA GACETA, el régimen vigente responde a una lógica transitoria creada hace décadas, pero terminó consolidándose de manera permanente, afectando la autonomía financiera de las comunas y municipios.

El jefe municipal explicó que el reclamo comenzó por la vía administrativa, mediante presentaciones en la Legislatura y pedidos formales para impulsar una nueva ley de coparticipación. Sin embargo, al no obtener respuestas, la Municipalidad decidió acudir a la Justicia.

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"Queremos una nueva ley de coparticipación de impuestos. La actual viene del siglo pasado, es un sistema obsoleto, arbitrario y no equitativo", afirmó.

Molinuevo reveló que la causa ya se encuentra en condiciones de ser resuelta por la Corte Suprema provincial. Incluso contó que fue informado de que dos de los vocales ya emitieron su voto y que resta únicamente la decisión del presidente del máximo tribunal.

"La justicia tardía no es justicia", expresó al cuestionar la demora en el dictado de la sentencia, motivo por el cual el municipio decidió hacer pública la situación. El intendente sostuvo que el reclamo no busca beneficiar exclusivamente a Concepción, sino que apunta a todos los municipios tucumanos.

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"Estoy seguro de que una nueva ley de coparticipación, donde se distribuyan todos los impuestos provinciales, va a traer mayor autonomía y beneficios para todos los municipios, sin importar el color político", señaló.

Uno de los principales argumentos de la demanda judicial está relacionado con el denominado Pacto Social, mecanismo mediante el cual los municipios cedieron el manejo de sus recursos a la Provincia a cambio de garantizar el pago de salarios durante una crisis financiera.

Molinuevo recordó que ese acuerdo había sido concebido como una medida excepcional y por un plazo de un año, pero terminó convirtiéndose en un esquema permanente.

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"Era un remedio transitorio y se instaló para siempre. Desde entonces, el Gobierno provincial pasó a manejar los recursos de municipios y comunas", sostuvo.

En ese sentido, recordó que Concepción abandonó formalmente el Pacto Social el 1 de enero de 2024, convencido de que la autonomía municipal constituye un principio protegido tanto por la Constitución Nacional como por la Constitución de Tucumán.

El intendente también cuestionó los criterios actuales de reparto de los recursos provinciales. Según explicó, en Tucumán los municipios reciben un porcentaje inferior al promedio nacional y, además, no participan de la distribución del principal tributo provincial.

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"El impuesto que más recauda la Provincia, Ingresos Brutos, que representa alrededor del 85% de la masa tributaria provincial, no se coparticipa. Ese es uno de los grandes problemas", afirmó.

Además, aseguró que el porcentaje que reciben los municipios tucumanos ronda el 13%, mientras que en otras provincias el promedio alcanza el 20%.

Consultado sobre el vínculo institucional con el Gobierno provincial, Molinuevo aseguró que actualmente está "totalmente interrumpido".

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Explicó que realizó reiterados pedidos de audiencia al gobernador Osvaldo Jaldo y al ministro del Interior, Darío Monteros, tanto mediante notas formales como a través de llamados y mensajes, pero aseguró que no obtuvo respuestas.

Entre los temas que pretendía abordar mencionó la reactivación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Concepción, una obra nacional que, según indicó, quedó paralizada cuando registraba un avance cercano al 80%.

Molinuevo manifestó que existen antecedentes favorables para el planteo judicial de Concepción. Citó los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en causas impulsadas por los municipios de La Banda, en Santiago del Estero, y de la ciudad de La Rioja, donde se ordenó a las legislaturas provinciales dictar una nueva ley de coparticipación en un plazo determinado.

"Son casos muy similares al nuestro y marcan un antecedente importante", sostuvo.

Por último, el intendente reconoció que percibe un deterioro en la relación política con el Gobierno provincial desde que comenzó a construir acuerdos con sectores vinculados a La Libertad Avanza, aunque aclaró que continúa siendo afiliado y dirigente de la Unión Cívica Radical. Asimismo, ratificó su buena relación con Roberto Sánchez y aseguró que ambos buscarán alcanzar consensos para fortalecer a la oposición de cara a las próximas elecciones.