Cómo habrían operado los tucumanos acusados de lavar U$S 14 millones del Comando Vermelho

Los cuatro tucumanos acusados de haber lavado activos para el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más importantes de Sudamérica, negaron los cargos en su contra durante la audiencia indagatoria. Ahora, la Justicia Federal deberá resolver su situación procesal. Por el momento, continuarán detenidos.

Todo comenzó hace casi cuatro años, cuando la Unidad de Información Financiera (UIF) reportó movimientos de fondos sospechosos entre un grupo de personas de diferentes puntos del país. El caso fue analizado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que confirmó la existencia de maniobras presuntamente irregulares.

Según la investigación, Marcelo Clayton Alves de Sousa, considerado el cerebro financiero del grupo brasileño, se instaló en Argentina para blanquear dinero obtenido por la organización a través del narcotráfico, el tráfico de armas, los secuestros extorsivos y otros delitos. El presunto líder de la estructura dedicada a estas operaciones permanece prófugo.

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De acuerdo con la pesquisa, en diciembre de 2022 creó el grupo de WhatsApp denominado "Cuenta Arg verificados". Utilizando el alias "Sakamoto", impartía instrucciones a personas reclutadas para realizar operaciones con criptomonedas. Los investigadores sostienen que habría movilizado alrededor de U$S 500 millones mediante la compra y venta de activos virtuales.

Siempre según la acusación, los operadores convertían esos activos en dinero de aparente origen lícito mediante distintas transacciones financieras. Posteriormente, los fondos eran transferidos a cuentas propias o de terceros y finalmente enviados a Alves de Sousa, a cambio de una comisión cuyo monto aún no fue determinado.

Durante la investigación, que se extendió por más de tres años, aparecieron los nombres de cuatro tucumanos. Por esa razón, el fiscal federal Agustín Chit abrió una pesquisa paralela y concluyó que habían participado Mauricio Alejandro Córdoba (28), Francisco Alejandro Aragón (28) y sus respectivas madres, Elisa Torres Toledo y Alejandra Agüero.

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El representante del Ministerio Público estimó que, entre marzo de 2021 y marzo de 2023, habrían introducido en el circuito financiero fondos vinculados al Comando Vermelho por más de U$S 14 millones.

Según surge del expediente, Córdoba y Aragón realizaban operaciones con criptomonedas que recibían de la organización criminal brasileña.

"La organización local habría funcionado de manera estable y coordinada, recibiendo activos virtuales y dinero fiduciario que luego eran convertidos, fraccionados y redistribuidos mediante operaciones financieras destinadas a otorgarles apariencia de origen lícito", sostiene la acusación.

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Los investigadores afirman que la maniobra se habría ejecutado mediante la utilización sistemática de exchanges de criptoactivos, billeteras virtuales y cuentas bancarias abiertas a nombre de los imputados o de terceros vinculados a ellos.

El esquema habría comenzado cuando Alves de Sousa enviaba criptoactivos desde billeteras bajo su control hacia direcciones utilizadas por integrantes de la estructura local. Córdoba y Aragón habrían actuado como operadores técnicos de la organización, vendiendo esos activos a terceros usuarios que transferían pesos argentinos a cuentas bancarias o billeteras virtuales controladas por los imputados. Luego, esos fondos eran redistribuidos a otras personas.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, Torres Toledo y Agüero prestaron sus nombres para la apertura de cuentas utilizadas en la operatoria. Sus allegados aseguraron que desconocían completamente este tipo de movimientos financieros.

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En febrero, tras reunir evidencia contra los investigados, el fiscal Chit solicitó la adopción de medidas cautelares antes de que se resolviera su situación procesal. El juez federal José Manuel Díaz Vélez ordenó el congelamiento de U$S 208.693, que quedaron depositados judicialmente en una cuenta especial del Banco Nación.

Además, dispuso medidas cautelares sobre ocho participaciones societarias -siete de ellas radicadas en el extranjero-, cuatro vehículos, cerca de 50 productos bancarios y 10 inmuebles, varios ubicados fuera del país, según informó el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal.

La investigación continuó avanzando y, al reunir nuevos indicios, el fiscal solicitó una serie de allanamientos. Las medidas fueron concretadas en los últimos días por efectivos de la División Antilavado de la Policía Federal.

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Tres de los acusados fueron detenidos durante los procedimientos. El cuarto se presentó espontáneamente ante las autoridades al enterarse de que pesaba sobre él un pedido de captura. Durante los allanamientos se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación considerada de interés para la causa.

Los cuatro imputados ya declararon ante la Justicia. Según trascendió, negaron las acusaciones y aseguraron que únicamente realizaban operaciones con criptomonedas, sin conocer que el Comando Vermelho estaría detrás de la estructura investigada.

Ahora será el juez Díaz Vélez quien deberá analizar las pruebas reunidas por la fiscalía y los planteos realizados por las defensas para resolver la situación procesal de los acusados.