Caso María Luz: el debate oral podría ser por jurados

En una resolución judicial clave dictada a fines de octubre, la Justicia de la provincia de Chaco dispuso la clausura de la investigación penal preparatoria y el cambio de carátula en las actuaciones por la desaparición y presunto crimen de la joven jujeña María Luz Herrera Leaño, habilitando de manera formal el camino para que el expediente se defina en un juicio por jurados populares.

A partir de este nuevo pronunciamiento judicial, la causa quedó reconfigurada de forma oficial bajo la tipificación: "Darío Esequiel Godoy Florentin (expareja de la joven) y Darío Ismael Godoy Ojeda (padre de Esequiel), como supuestos autores del delito de "homicidio agravado por la relación de pareja y femicidio". La modificación agrava el cuadro acusatorio para los dos principales sospechosos en la antesala del debate oral.

Hay que recordar que en un primer momento, el fiscal de la causa Gustavo Valero había imputado a la expareja de Herrera Leaño como presunto responsable y autor del crimen de la joven jujeña y a su padre lo acusó de encubrimiento.

Este cambio de carátula, pone a los Godoy en una situación procesal de presunta autoría y si son declarados culpables, pueden ser condenados a prisión perpetua.

El organismo iniciará las gestiones pertinentes para concretar el sorteo del juez Técnico que tendrá a su cargo la conducción del debate, la dirección de las audiencias preliminares, para la selección de los doce ciudadanos titulares y los suplentes, y la determinación de las instrucciones finales del jurado.

La asistencia jurídica de ambos acusados está a cargo del abogado defensor, Bruno Horacio Romero.

Por su parte, el bloque acusador particular e institucional se encuentra integrado por dos representaciones querellantes: Carolina Raquel Aquino, en patrocinio de Cecilia Leaño, madre de la víctima; y Leandro Javier Ramírez, en representación institucional de Sonia Elisabet Valenzuela, titular de la Subsecretaría de Género y Diversidad de la provincia del Chaco.

Ahora el proceso entra en una etapa decisiva, donde un jurado popular determinará la responsabilidad penal de los imputados.

Sobre las acusaciones

Fueron varios los elementos probatorios que el fiscal que entiende la causa evaluó como condicionantes para dictar en un principio la prisión preventiva y el posterior pedido de elevación a juicio de la causa. El principal factor fue que, según la resolución quedó demostrado que María Luz fue asesinada entre el 26 y 29 de septiembre de 2023 en una vivienda de la calle San Martín de la localidad chaqueña de Roque Saenz Peña.

Para llegar a esta hipótesis durante toda la investigación se procedió al secuestro del teléfono celular de la joven María Luz Herrera Leaño en la casa del suegro de la joven en la localidad de Villa Ángela y el secuestro de una frazada, cobertor de cama y un gorro que tenían manchas símil sangre.

Además, también se secuestraron las prendas de vestir y elementos electrónicos del departamento del joven Esequiel Godoy en Sáenz Peña. Por otro lado, se realizaron pericias a la camioneta perteneciente a Darío Godoy donde se encontraron restos de cabello. El gato que era propiedad de la joven desaparecida también fue un punto clave en la investigación.

El fiscal Gustavo Valero además fundamentó la acusación en una serie de elementos incorporados durante la investigación. Entre ellos aparecen testimonios que ubican a María Luz en la vivienda que alquilaba Godoy Florentín, registros de comunicaciones entre los imputados y distintas pericias realizadas sobre teléfonos celulares y antenas.

Uno de los momentos considerados centrales por la Fiscalía es el 30 de septiembre de 2023, señalado como el último día en que María Luz habría sido vista con vida.

Según la requisitoria, ese día Godoy Florentín habría trasladado desde Villa Ángela hasta Sáenz Peña una Toyota Hilux blanca perteneciente a su padre. En paralelo, la investigación incorporó registros de comunicaciones entre padre e hijo durante las horas consideradas relevantes para establecer qué ocurrió con la joven.

Otro de los elementos destacados por la Fiscalía son los estudios realizados por el Departamento de Cibercrimen de la Policía del Chaco.

De acuerdo con la acusación fiscal, después de la desaparición se realizó desde el teléfono de María Luz Herrea Leaño, una publicación en sus redes sociales que indicaba una ubicación en el Aeropuerto Internacional de la ciudad santafesina de Rosario. Para los investigadores, esa publicación podía instalar la posibilidad de que la joven hubiera abandonado la provincia por sus propios medios.

Sin embargo, las pericias sobre la actividad del teléfono y el impacto de las antenas de telefonía lo ubicaron en Sáenz Peña durante ese período.

La Fiscalía considera que esta diferencia constituye un indicio de una posible manipulación del dispositivo para sostener una hipótesis de fuga voluntaria.

También fueron analizadas las llamadas realizadas entre los imputados y otros contactos durante las horas posteriores a la desaparición.

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