Carrizo cuestionó falta de transparencia del Estado: "La opacidad del Gobierno no puede costarle a Catamarca la confianza en la minería"

La exdiputada reclamó la presentación de rendiciones semestrales y una conciliación de las regalías mineras, ante la acumulación de aportes extraordinarios y la opacidad en la gestión de los fondos.

La exdiputada provincial Silvana Carrizo cuestionó la falta de transparencia en la administración del Fideicomiso de Regalías Mineras, luego de conocerse que el Gobierno provincial dispuso, mediante el Decreto 970/2026, un nuevo aporte de $7.751.931.506,57 destinado a afrontar el pago de certificados de obra pendientes.

Carrizo advirtió que la reiteración de estos aportes extraordinarios exige explicaciones concretas sobre la planificación financiera, la ejecución de las obras y los mecanismos de control de los recursos provenientes de la actividad minera.

La exlegisladora recordó que, en octubre de 2024, se dispuso una transferencia de $6.000 millones con una finalidad similar y que, en noviembre de ese mismo año, se anunció otro aporte de $7.000 millones, vinculado entonces con la caída del precio internacional del litio.

"Estamos hablando de tres aportes extraordinarios anunciados o dispuestos en apenas dos años, por más de $20.750 millones nominales. Esto obliga a formular una pregunta elemental: ¿cómo se proyectaron los ingresos, cómo se comprometieron las obras y por qué el fideicomiso necesita reiteradamente nuevos recursos para cumplir con obligaciones asumidas?", planteó Carrizo.

Carrizo recordó que el artículo 5 de la Ley Provincial 5.642 establece obligaciones específicas para el Poder Ejecutivo, entre ellas la constitución de fondos fiduciarios con la totalidad de los ingresos correspondientes a regalías mineras, respetando la distribución y el destino legalmente establecidos, y la presentación de rendiciones de cuentas semestrales ante las comisiones de Hacienda de ambas cámaras legislativas.

En ese sentido, respaldó los cuestionamientos formulados por el diputado provincial Mamerto Acuña respecto de la falta de control legislativo sobre el funcionamiento del fideicomiso.

"Cuando el diputado Mamerto Acuña reclama control legislativo, no estamos frente a una simple diferencia política. Estamos hablando de una obligación expresamente establecida por ley. El Gobierno debe acreditar que presentó las rendiciones correspondientes, ponerlas a disposición de los legisladores y explicar cómo se administraron los recursos", afirmó.

La exdiputada señaló que la existencia de un fiduciario y de un Comité de Administración no sustituye las facultades de fiscalización de la Legislatura ni la intervención de los organismos de control competentes.

"Un fideicomiso público no puede transformarse en una estructura de administración de recursos por fuera del escrutinio institucional. La herramienta financiera no puede estar por encima de la ley ni debilitar los controles sobre el dinero de todos los catamarqueños", sostuvo.

Otro de los puntos que Carrizo consideró necesario esclarecer es la diferencia señalada públicamente por el diputado Francisco Monti entre las regalías recaudadas y los ingresos registrados en el fideicomiso.

Según las cifras expuestas por el legislador para el período comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026, se habrían recaudado $17.900 millones en concepto de regalías mineras, mientras que los ingresos al fideicomiso habrían alcanzado los $14.650 millones.

La diferencia asciende a $3.250 millones, equivalente aproximadamente al 18,2% de la recaudación mencionada. "Es una diferencia significativa que merece una explicación técnica y documentada. No corresponde afirmar que existe un desvío sin conocer los registros contables, pero tampoco corresponde que el Gobierno guarde silencio frente a cifras de esta magnitud", expresó.

Carrizo aclaró que podrían existir diferencias temporales de registración, transferencias pendientes u otras circunstancias contables que expliquen esa brecha. Sin embargo, insistió en que corresponde al Poder Ejecutivo presentar una conciliación documentada que permita establecer el origen y destino de cada peso.

"La transparencia no consiste en pedirle a la sociedad que confíe. Consiste en mostrar los números, respaldarlos con documentación y permitir que sean controlados", remarcó.

Carrizo también cuestionó la falta de información pública sistematizada sobre las obras financiadas mediante el fideicomiso. En particular, planteó la necesidad de conocer con qué proyecciones de ingresos se comprometieron las obras, qué criterios se utilizaron para establecer prioridades, cuántas se encuentran terminadas, cuántas permanecen en ejecución y cuál es el monto de los certificados pendientes de pago.

Asimismo, reclamó conocer cuánto recibió cada departamento, qué compromisos financieros asumió el fideicomiso y qué partidas presupuestarias fueron utilizadas o reasignadas para afrontar los distintos aportes extraordinarios.

"Si las obras se comprometieron sobre proyecciones de ingresos que después no se cumplieron, el Gobierno debe explicar cómo evaluó esos riesgos. Y si los recursos fueron insuficientes, también debe informar qué decisiones se adoptaron para evitar que esa situación se repitiera. Lo que no puede ocurrir es que se anuncien obras, se acumulen obligaciones y después se recurra nuevamente a fondos públicos sin una rendición integral de lo ejecutado", señaló.

La exdiputada recordó que durante su mandato ya había cuestionado el esquema de administración de las regalías mineras mediante fondos fiduciarios. En 2025, junto al diputado Mamerto Acuña, propusimos derogar los fideicomisos Salar del Hombre Muerto y de Regalías Mineras, derogar la Ley Provincial 5.642 y restablecer el régimen de distribución previsto en la Ley 5.128, recuperando la transferencia directa de los recursos a los municipios beneficiarios.

"No empezamos a cuestionar este sistema ahora. Lo hicimos desde la Legislatura y presentamos una alternativa concreta. Entendíamos que la administración de las regalías debía garantizar previsibilidad, distribución territorial, transparencia y control. Los problemas que hoy se conocen demuestran que aquella discusión sigue plenamente vigente", afirmó.

Carrizo sostuvo que el debate excede la continuidad de un instrumento financiero y alcanza una cuestión central para la autonomía de los municipios y la distribución de los beneficios de la actividad minera.

"Las regalías deben traducirse en infraestructura, servicios y oportunidades para las comunidades. No pueden quedar atrapadas en un esquema donde los municipios desconocen cuánto les corresponde, las obras dependen de decisiones centralizadas y la ciudadanía no dispone de información suficiente para evaluar los resultados", expresó.

Frente a esta situación, Carrizo reclamó que el Gobierno provincial presente y haga públicas las rendiciones semestrales previstas en el artículo 5 de la Ley 5.642 desde la constitución del fondo, acompañadas de la documentación respaldatoria.

También solicitó una conciliación pública entre las regalías recaudadas y los fondos efectivamente ingresados al fideicomiso; un informe detallado de las obras financiadas por departamento, con sus montos, estados de avance y certificados pagados y adeudados; la identificación de las fuentes presupuestarias utilizadas para los aportes extraordinarios y la intervención de los organismos de control competentes.

"No alcanza con informar cuánto dinero se destina al fideicomiso. Es necesario conocer cuánto ingresó, cuánto se comprometió, cuánto se pagó, qué obras se ejecutaron y cuáles son las obligaciones pendientes. Sin esa información, el control público se vuelve imposible", sostuvo.

Finalmente, Carrizo hizo especial hincapié en la necesidad de diferenciar las responsabilidades de las empresas mineras de las obligaciones del Estado provincial.

Señaló que las compañías deben cumplir estrictamente sus compromisos ambientales, laborales, tributarios y sociales, mientras que el Gobierno tiene la responsabilidad indelegable de garantizar la correcta recaudación, distribución, inversión y fiscalización de los recursos públicos generados por la actividad.

"Catamarca necesita minería, inversión, empleo, proveedores locales e infraestructura. Pero también necesita un Estado que administre con responsabilidad los recursos que esa actividad genera. No podemos permitir que la falta de transparencia gubernamental termine alimentando la desconfianza de los catamarqueños hacia una actividad que tiene un papel estratégico en nuestro desarrollo", afirmó.

Carrizo advirtió que la legitimidad social de la minería también depende de que sus beneficios sean visibles, verificables y lleguen efectivamente a las comunidades.

"Cuando una familia no ve mejoras en los servicios, cuando un municipio no cuenta con infraestructura básica o cuando se anuncian millones de pesos sin explicar claramente su destino, lo que se deteriora no es solamente la confianza en el Gobierno. También se pone en discusión la capacidad de la minería para transformar la realidad de Catamarca".

Por último, reafirmó la posición que sostuvo durante su mandato legislativo: "Lo sostuve en la Legislatura y lo sostengo hoy: minería sí, con desarrollo, transparencia, control y participación de las comunidades. Defendemos la actividad minera porque creemos en su potencial para generar oportunidades y transformar nuestra provincia. Pero defender la minería también significa exigirle al Estado que administre correctamente sus recursos. La opacidad de un gobierno no puede ser la razón por la que los catamarqueños dejen de creer en la minería".