Carlos Presti desplazó al liquidador de ex Iosfa y la crisis financiera sigue sin resolución

Resumen para apurados

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, le pidió la renuncia al coronel mayor retirado Ariel Guzmán, quien estaba a cargo de la administración y liquidación del ex Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa).

La salida de Guzmán se produjo después de una reunión con Presti en el despacho del ministro y en medio de las dificultades que atraviesa el proceso de disolución del organismo. La liquidación enfrenta un pasivo de $213.902 millones, deudas con prestadores y proveedores del sistema sanitario y un esquema financiero que, según documentación presentada por el propio administrador saliente, continúa generando nuevas obligaciones.

Guzmán había asumido la conducción del proceso de liquidación con la tarea de ordenar las cuentas y avanzar hacia el cierre definitivo del organismo. Sin embargo, un informe elevado el 21 de septiembre expuso las dificultades para cumplir con el cronograma previsto y el descalce entre los recursos disponibles y las obligaciones que IOSFA continúa acumulando.

Según el estado de situación correspondiente a julio, Iosfa arrastra un pasivo consolidado de $213.902 millones. De ese total, $139.057 millones corresponden a obligaciones vinculadas con Gendarmería y Prefectura, aproximadamente el 65% de la deuda. El pasivo incluye compromisos con laboratorios, droguerías, prestadores médicos, proveedores de medicamentos y otros actores del sistema sanitario.

La magnitud de la deuda plantea ahora el principal desafío para la administración que continúe con la liquidación: conseguir los recursos necesarios, negociar con los acreedores y evitar que la generación de nuevas obligaciones complique todavía más el cierre del organismo.

Uno de los puntos centrales es determinar quién debe hacerse cargo de las deudas originadas por las prestaciones correspondientes a las fuerzas de seguridad. La comisión interministerial creada para ordenar la transición no habría alcanzado todavía un acuerdo definitivo sobre ese punto.

Uno de los principales problemas planteados por Guzmán en su informe es que Iosfa continúa brindando atención médica pese a encontrarse en proceso de liquidación. Según el administrador saliente, OSFA -la nueva estructura sanitaria, conducida por el general de brigada Pablo Plaza- solicitó que Iosfa continuara atendiendo a sus afiliados a través de su red de prestadores.

La situación modificó el esquema originalmente previsto. El cronograma contemplaba mantener las prestaciones hasta el 30 de septiembre de 2026 y, a partir de entonces, concentrar las tareas en la liquidación administrativa y financiera, con un cierre definitivo previsto para el 5 de febrero de 2027.

La continuidad de la atención implica que Iosfa siga recibiendo facturas, auditando prestaciones y generando nuevas obligaciones antes de poder determinar el resultado final de la liquidación.

Guzmán advirtió en su presentación que existe un descalce entre las obligaciones prestacionales que el organismo continúa asumiendo y los recursos disponibles para afrontarlas.

El problema financiero se profundizó a partir de la pérdida del flujo de fondos que sostenía el funcionamiento habitual de Iosfa. Según el informe, los recursos mensuales que OSFA transfiere por las prestaciones deben cubrir también salarios y gastos fijos indispensables para mantener al organismo en funcionamiento. Guzmán sostuvo que ese esquema no estaba contemplado originalmente en los términos del Decreto 88/2026.

La falta de liquidez tuvo consecuencias sobre la relación con los prestadores: restricciones de crédito, interrupciones de servicios y dificultades para acceder a medicamentos e insumos. El informe también advierte que esas condiciones pueden provocar un incremento de los costos de las prestaciones.

A ese escenario se suma la judicialización de los reclamos. Amparos, medidas cautelares, sentencias, astreintes y embargos agregaron presión sobre las cuentas de un organismo que ya enfrenta dificultades para cumplir con sus compromisos.

Guzmán señaló además que Iosfa no puede afrontar facturas correspondientes a períodos anteriores al 1° de abril de 2026 dentro del Convenio Marco Interadministrativo Prestacional y Transitorio firmado con OSFA. También permanecen pendientes facturas correspondientes a prestaciones brindadas a las fuerzas de seguridad durante abril y mayo. De acuerdo con el informe, los fondos fueron puestos a disposición posteriormente, debido a los tiempos de auditoría, procesamiento y pago.

El problema también alcanza a Osfeeseg, la obra social de las fuerzas de seguridad. En su informe, Guzmán sostuvo que el organismo no había abonado las facturas presentadas y que había solicitado distintos nomencladores y esquemas de aranceles para realizar sus propias auditorías.

Según el administrador saliente, esa situación generó demoras en los pagos y reclamos de prestadores y proveedores, que no contaban con precisiones sobre cuándo cobrarían las facturas acumuladas desde el 1° de junio de 2026.

El resultado es un esquema en el que Iosfa continúa acumulando obligaciones por prestaciones que, de acuerdo con el diseño de la nueva estructura, deberían haber quedado bajo responsabilidad de OSFA.

Al mismo tiempo, el organismo que está en proceso de liquidación ya no conserva su universo original de afiliados y mantiene apenas 371 beneficiarios pertenecientes a las fuerzas de seguridad.