Caputo anunció un programa de $2 billones para impulsar el crédito hipotecario

El FGS licitará fondos entre los bancos, que deberán destinarlos a préstamos para primera vivienda con una tasa máxima de UVA + 7,5%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un nuevo programa destinado a ampliar el acceso al crédito hipotecario en la Argentina mediante el uso de fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

La iniciativa contempla licitaciones de plazos fijos del FGS entre bancos por un monto total de hasta $2 billones, con el objetivo de extender los plazos de fondeo de las entidades financieras y generar mayores recursos para el otorgamiento de préstamos hipotecarios.

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El anuncio se realizó este miércoles a las 10, durante una conferencia de prensa en el quinto piso del Palacio de Hacienda. Caputo estuvo acompañado por el director general del FGS, Juan Cruz Micele; el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Vladimir Werning; el director del BCRA, Martín Vauthier; y el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núñez.

El FGS, que puede realizar colocaciones a plazo fijo, licitará esos fondos entre las entidades financieras por períodos de entre uno y cinco años. Para las colocaciones a un año, la tasa mínima será de UVA + 2,5%, mientras que para las de cinco años será de UVA + 4,5%.

A cambio, los bancos participantes deberán utilizar esos recursos para otorgar créditos hipotecarios destinados a la adquisición de primera vivienda, con una tasa máxima de UVA + 7,5%.

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Los préstamos tendrán un plazo mínimo de 15 años y no podrán superar un monto equivalente a 150.000 UVA por crédito, según las condiciones presentadas durante el anuncio.

La primera licitación está prevista para la próxima semana y tendrá un monto inicial de $200.000 millones. Luego, el Gobierno prevé realizar nuevas subastas en función de la velocidad con la que los bancos otorguen los créditos.

El Banco Central tendrá participación en el proceso y brindará asistencia técnica al FGS para organizar las subastas mediante el sistema SIOPEL.

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Además, deberá supervisar que las entidades financieras destinen efectivamente los fondos recibidos al otorgamiento de créditos hipotecarios y cumplan con las condiciones establecidas.

El riesgo crediticio quedará en manos de los bancos. Es decir, las entidades serán responsables de evaluar a los solicitantes, otorgar los préstamos y asumir las consecuencias propias de la operatoria. El FGS no comprará las carteras hipotecarias ni asumirá el riesgo de incumplimiento de los tomadores.

Caputo estimó que el programa podría generar soluciones habitacionales para unas 17.000 familias, aunque posteriormente se aclaró que la cantidad dependerá del monto promedio de los créditos que otorguen los bancos.

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La estimación parte de los valores actuales de los préstamos hipotecarios y, por lo tanto, no representa un cupo fijo de beneficiarios. Si el monto promedio de los créditos fuera menor, podrían ser más las familias alcanzadas; si fuera mayor, serían menos.

Durante la presentación también se expuso un ejemplo de financiamiento para una vivienda de algo más de US$100.000, con un crédito de aproximadamente US$80.000. En ese ejercicio, la cuota estimada fue de alrededor de $865.000, mientras que el ingreso neto requerido del grupo familiar rondaría los $3,46 millones. Se trata de un ejemplo presentado por el Gobierno y no de una cuota que necesariamente se aplicará a todos los préstamos.

Según explicaron durante la conferencia, los recursos destinados al programa surgirán de fondos que el FGS ya mantiene colocados a plazo fijo, además de liquidez disponible y flujos provenientes del cobro de dividendos y otros activos.

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Caputo sostuvo que el mecanismo busca resolver uno de los principales obstáculos para el crecimiento del crédito hipotecario: el descalce entre los plazos de los depósitos bancarios y los de los préstamos. Los bancos reciben buena parte de su fondeo a corto plazo, mientras que los créditos para vivienda requieren financiamiento a 15, 20, 25 o 30 años.

El Gobierno espera que la medida contribuya a ampliar el mercado hipotecario, impulsar la construcción y generar un efecto multiplicador sobre otros sectores de la economía.