Bonos de México cotizan como basura tras rescate a Pemex de 130.000 millones de dólares

México, referente histórico de probidad fiscal en los mercados emergentes y emisor con calificación A en su periodo de mayor solidez, cotiza actualmente al borde de la categoría de bono basura, pagando tipos de interés más elevados que vecinos regionales de menor perfil crediticio como Guatemala y Panamá.

Diversos factores explican este deterioro estructural, desde el incremento desmedido del gasto público hasta un débil crecimiento económico, convergiendo en las pérdidas financieras acumuladas por la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y las continuas transferencias del gobierno federal para sostener su solvencia.

Durante los últimos dos años, la presidenta Claudia Sheinbaumha destinado más de 50.000 millones de dólares a rescatar a la paraestatal. Al computar los cerca de 80.000 millones de dólares aportados por su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, el volumen conjunto de rescates supera los 130.000 millones de dólares.

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Para la economía mexicana, este importe sobrepasa el presupuesto acumulado de todas las ramas de las Fuerzas Armadas encargadas de la seguridad pública y ha contribuido a duplicar el déficit presupuestario.

Estas inyecciones masivas de capital han evitado un colapso operativo inmediato en Pemex, pero analistas del sector advierten que solo encubren deficiencias estructurales: una plantilla laboral sobredimensionada que extrae volúmenes decrecientes de crudo en yacimientos maduros.

Adicionalmente, los especialistas destacan que estas transferencias financieras están trasladando el deterioro patrimonial de la petrolera directamente hacia el balance soberano del Estado.

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En consecuencia, la petrolera arrastra gradualmente las finanzas gubernamentales, provocando que en mayo la agencia Moody's Ratings rebajara la calificación crediticia del país a un solo escalón del grado especulativo, mientras S&P Global Ratings asignó una perspectiva negativa a la deuda soberana.

Los operadores de renta fija tratan la deuda mexicana como si fuera de alto riesgo, exigiendo primas de rentabilidad superiores que encarecen la financiación para el conjunto de los prestatarios en una economía necesitada de inversión de capital.

Desde la óptica institucional, el economista Claudio Loser, exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), afirma que nunca antes presenció cómo una empresa pública socavaba las finanzas soberanas a tal escala:

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"No quiero exagerar, pero es increíble lo que ha sucedido"

El especialista recuerda que Pemex constituía el pilar de los ingresos fiscales gubernamentales y la fuente de divisas para respaldar el peso mexicano, considerada en los círculos financieros como la auténtica:

"Gallina de los huevos de oro"

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Sin embargo, la extracción sistemática de recursos fiscales privó a la empresa de capital para explorar nuevos pozos y actualizar tecnología, cargándola de pasivos hasta situar su producción por debajo de 1,7 millones de barriles diarios —la mitad de su máximo histórico— y su deuda en más de 70.000 millones de dólares, la cifra más alta para una petrolera a nivel global.

"La pobre gallina está muy enferma"

Abrir la compañía a la inversión privada para blindar el balance estatal resulta inviable políticamente en una nación donde el petróleo evoca la expropiación de Standard Oil y Royal Dutch Shell en la década de 1930, habiendo frenado López Obrador la apertura energética en 2018.

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Esta interdependencia somete a la economía mexicana a una tensión recurrente que erosiona la credibilidad crediticia alcanzada hace un cuarto de siglo con la obtención del grado de inversión.

En el ámbito académico, el investigador de la American University, Arturo Porzecanski, califica a la empresa de "parásito chupasangre" cuya solvencia depende exclusivamente del auxilio estatal, señalando que la caída en los rendimientos de Pemexse ha producido a costa de mayores costes de emisión para el gobierno federal.

Tras las rebajas crediticias de mayo, Claudia Sheinbaum desestimó las métricas de las agencias calificadoras en su conferencia matutina, argumentando que sus modelos pertenecen a la era neoliberal y destacando los registros de inversión extranjera directa y el superávit comercial.

La mandataria presentó una estrategia para retirar gradualmente el auxilio financiero, proyectando que Pemex reduzca pasivos, incremente la producción y optimice refinerías para alcanzar la autosuficiencia operativa en 2027.

En declaraciones a la prensa financiera, Pemex aseguró que su endeudamiento se redujo casi un 27% desde 2018, mientras que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público declinó emitir comentarios sobre el encarecimiento de la deuda soberana.

En el sector inversor, el cofundador de LM Capital Group, Luis Maizel, cuya firma custodia cerca de 30 millones de dólares en bonos de Pemex, defiende que la proximidad comercial con Estados Unidos garantiza que el país seguirá colocando deuda entre compradores internacionales.

Incluso los gestores más cautos descartan una crisis de pagos inmediata semejante a los colapsos de 1982 o 1994, interpretando el escenario como un declive económico gradual frente al dinamismo de periodos previos.

En contraste con la etapa en que la extracción rondaba los 2,5 millones de barriles diarios y el diferencial de rendimiento soberano era 1,5 puntos porcentuales más favorable, hoy esa prima frente a la región se sitúa en apenas medio punto, según datos de JPMorgan Chase.

Analíticamente, la directora de deuda de mercados emergentes en GMO, Tina Vandersteel, sostiene que los indicadores crediticios independientes de México se ubican por debajo de naciones como Guatemala y Uzbekistán, ambas situadas en grado especulativo.

Analistas del sector coinciden en que el plan gubernamental difícilmente prosperará sin un recorte sustancial de personal y la entrada de tecnología extranjera de perforación para revertir los periodos sistemáticos de pérdidas.

Con cerca de 130.000 empleados, Pemex produce apenas 13 barriles diarios por trabajador, una ratio reducida frente a los 36 barriles de Ecopetrol, más de 50 en Petrobras y más de 80 en ExxonMobil.

Aunque el gobierno aprobó esquemas de asociación mixta, las condiciones contractuales exigen que los socios asuman la mayor parte del riesgo a cambio de solo la mitad del beneficio, habiendo atraído únicamente el interés de Petrobras.

El investigador del Instituto Baker, Luis Pacheco, concluye que la ideología impide adoptar soluciones de mercado, dejando a la administración con una carga financiera que no es capaz de sostener.

El gobierno federal destinó más de 130.000 millones de dólares en rescates financieros acumulados para sostener a Pemex, duplicando de esta manera el déficit presupuestario del país. Por consiguiente, agencias como Moody's y S&P rebajaron el perfil crediticio soberano a solo un escalón del grado especulativo, forzando a México a pagar tasas de interés más altas que las de Guatemala y Panamá.

La corporación arrastra un pasivo superior a los 70.000 millones de dólares mientras su extracción de crudo cayó a menos de 1,7 millones de barriles diarios, la mitad de su récord histórico. Asimismo, su productividad laboral genera apenas 13 barriles diarios por empleado, ubicándose sustancialmente por detrás de los 50 barriles de Petrobras y los 80 de ExxonMobil.

Las restricciones ideológicas y el nacionalismo energético bloquean una apertura efectiva al capital privado que aporte tecnología de perforación y alivie el balance estatal. En consecuencia, los especialistas consideran inviable la meta gubernamental de autosuficiencia operativa para 2027 si no se ejecutan recortes sustanciales de plantilla y reformas profundas de mercado.