Barrientos anticipó que habrá nuevos pedidos de desafuero contra Galán

Por las denuncias de abuso sexual

La abogada querellante dijo que por las pruebas reunidas, también se solicitará el desafuero del legislador en las restantes causas, entre ellas las denuncias por abuso sexual

La abogada querellante Silvia Barrientos aseguró que el pedido de desafuero solicitado por el juez Marcelo Sago contra el diputado provincial José Javier Galán es apenas el primero de los cuatro expedientes que se tramitan en la Justicia y afirmó que, por las pruebas reunidas, también se solicitará el desafuero en las restantes causas, entre ellas las denuncias por abuso sexual.

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Barrientos, quien representa a dos de las denunciantes por abuso sexual, explicó que la resolución conocida corresponde a la causa iniciada tras la denuncia de Luna Avellaneda por amenazas agravadas con el uso de arma y peculado. Sin embargo, remarcó que ese expediente mantiene una "estrecha vinculación" con la primera denuncia por abuso sexual.

Según relató, Avellaneda había sido ofrecido como testigo por la primera denunciante debido a que conocía lo ocurrido. Sostuvo que, cuando Galán tomó conocimiento de que debía declarar, lo habría intimidado para que modificara su testimonio, incluso exhibiendo un arma blanca.

El joven denunció ese episodio antes de prestar declaración y luego ratificó ante la Justicia los hechos que conocía.

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Para la letrada ese testimonio resultó determinante y fue uno de los elementos que el juez valoró al considerar que existían fundamentos suficientes para solicitar el desafuero del legislador. Destacó además que la resolución analiza una importante cantidad de pruebas, entre ellas testimonios, documentación, registros fílmicos y distintas medidas de investigación, que llevaron al magistrado a concluir que existe verosimilitud en la denuncia.

Barrientos sostuvo que las demoras en el trámite obedecieron a numerosas presentaciones de la defensa de Galán, las que, según afirmó, tuvieron como objetivo dilatar una investigación que inicialmente debía resolverse en un plazo mucho menor.

Respecto de las restantes denuncias, explicó que se tramitan en expedientes independientes y aseguró que también avanzarán hacia pedidos de desafuero. Incluso afirmó que las causas por abuso sexual cuentan con un volumen probatorio superior, mencionando informes psicológicos oficiales que calificó como "devastadores" para las víctimas que representa, además de pericias sobre teléfonos celulares y otros elementos incorporados durante la investigación.

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Finalmente, la abogada evitó adelantar una presentación ante la Cámara de Diputados para reclamar celeridad. Consideró que ahora la responsabilidad recae exclusivamente sobre el Poder Legislativo y pidió que los diputados actúen con rapidez. "Les compete a ellos ahora que no se demoren, que no dilaten y que cumplan con su tarea como lo ha solicitado el juez", expresó.

Cabe recordar que el miércoles último, el juez de Garantías de 4.ª Nominación, Marcelo Sago, remitió a la presidencia de la Cámara de Diputados el pedido de desafuero del legislador para que pueda ser sometido al proceso penal en una causa en la que se investigan los presuntos delitos de amenazas agravadas por el uso de armas y peculado de trabajos o servicios.

La resolución fue dictada, según explicaron voceros judiciales a este diario, en el marco del artículo 20 del Código Procesal Penal y hace lugar al requerimiento formulado por el fiscal de Instrucción N° 4, Ricardo Córdoba Andreatta, quien impulsa la investigación iniciada a partir de una denuncia presentada por un exempleado del legislador.n