Auce llevó a la Justicia el conflicto en Huillapima

El concejal presentó dos acciones judiciales, donde cuestionó las restricciones para desempeñar su cargo.

Auce. Busca revertir su suspensión y denunciar persecución política.

El edil Luciano Auce judicializó la disputa con el Concejo Deliberante de Huillapima, al presentar dos acciones ante la Justicia vinculadas con las decisiones que, según sostiene, limitaron el ejercicio de sus funciones como representante de la oposición, lo que sumó un nuevo capítulo al conflicto político que enfrenta el municipio desde hace semanas.

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De acuerdo con lo informado por el propio edil y su entorno, una de las presentaciones apunta a impugnar la suspensión por 60 días resuelta la semana pasada por el cuerpo deliberativo, mientras que la segunda cuestiona una serie de restricciones que, asegura, enfrenta desde el inicio de su mandato y que le impiden desempeñar plenamente su tarea legislativa.

Entre esos planteos, Auce sostiene que no se le permitió integrar las comisiones permanentes del Concejo Deliberante, designar un secretario administrativo ni participar en igualdad de condiciones dentro del cuerpo. Según expresó en distintas oportunidades, esas limitaciones dificultan su trabajo como concejal y afectan la representación de los vecinos que lo eligieron para ocupar una banca por el Frente Capayense.

La judicialización del conflicto se produce pocos días después de que el Concejo Deliberante aprobara su suspensión por el término de 60 días. En esa oportunidad, el cuerpo argumentó que la sanción respondía a situaciones registradas durante distintas sesiones y sostuvo que la medida se adoptó en el marco de las facultades previstas por la Ley Orgánica Municipal y el Reglamento Interno.

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Sin embargo, Auce rechazó esos fundamentos y aseguró que la sanción constituye una represalia por su labor de control sobre la administración municipal encabezada por el intendente Omar Soria. En una conferencia de prensa brindada tras la suspensión, afirmó que el verdadero motivo de la medida fue el pedido de informes que impulsó para conocer el destino de dos partidas de 100 millones de pesos enviadas por el Gobierno provincial al municipio.

En esa oportunidad, también denunció haber sido agredido físicamente por el concejal Franco Soria, hijo del jefe comunal, al finalizar la sesión en la que se aprobó la suspensión. Según afirmó, el episodio ocurrió en presencia de otras autoridades del Concejo Deliberante y nunca fue objeto de una sanción disciplinaria.

Por su parte, la Municipalidad de Huillapima rechazó las acusaciones formuladas por el edil mediante un comunicado institucional. El Ejecutivo sostuvo que el pedido de informes fue respondido en tiempo y forma y aseguró que la documentación había sido tratada en comisión con la participación del propio concejal. Además, consideró que Auce intenta "victimizarse" tras la sanción impuesta por el cuerpo deliberativo y reafirmó el compromiso de la gestión con la transparencia y el respeto institucional.

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Con las dos presentaciones ya ingresadas en la Justicia, el conflicto dejó de circunscribirse al ámbito político e institucional y ahora deberá comenzar a dirimirse en sede judicial, donde el concejal buscará revertir la suspensión y cuestionar las condiciones en las que, según sostiene, ejerce su mandato.