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Argentina y el desafío de financiar el desarrollo sin volver al déficit
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Argentina y el desafío de financiar el desarrollo sin volver al déficit

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Redacción
domingo, 06 de septiembre de 2026 · 09:45 p. m. hs · 4 min
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El problema tributario argentino no pasa solamente por cuánto recauda el Estado, sino por quiénes soportan la mayor parte de la carga y qué efectos generan los impuestos sobre la producción

ECONOMÍA

El problema tributario argentino no pasa solamente por cuánto recauda el Estado, sino por quiénes soportan la mayor parte de la carga y qué efectos generan los impuestos sobre la producción.

Argentina enfrenta desde hace décadas un desafío que atraviesa buena parte de su historia económica: cómo financiar el desarrollo sin que las cuentas públicas vuelvan a desbordarse.

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Los intentos de impulsar el crecimiento, la inversión o el gasto social sin una base de recursos sostenible terminaron, en numerosas ocasiones, en una combinación conocida de déficit, endeudamiento, emisión monetaria e inflación.

Pero el problema fiscal no necesariamente se resuelve cobrando más impuestos. Una de las alternativas pasa por recaudar de manera más eficiente, ampliar la base y modificar la estructura tributaria.

Argentina no se caracteriza por tener una baja presión tributaria dentro de América Latina. La recaudación representa alrededor del 27,6% del PBI, un nivel que la ubica entre los países con mayor carga tributaria de la región.

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El problema aparece cuando se observa cómo se distribuye esa carga.

La elevada informalidad hace que una proporción importante del esfuerzo recaiga sobre quienes trabajan y producen dentro de la economía formal. Según las estimaciones planteadas en el análisis, la presión efectiva sobre ese sector puede superar el 42%.

A esto se suma una estructura tributaria sustentada principalmente en impuestos indirectos, como el IVA, Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y las retenciones.

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Estos gravámenes tienen un peso importante en la recaudación, pero generan efectos diferentes a los impuestos que gravan directamente los ingresos, las rentas y los patrimonios.

La estructura tributaria argentina presenta además impuestos que pueden afectar la producción y la competitividad.

Las retenciones, por ejemplo, reducen el precio recibido por determinados sectores exportadores y pueden desalentar la producción. Ingresos Brutos, por su carácter acumulativo, puede generar un efecto en cascada a lo largo de las distintas etapas de una cadena productiva.

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El impuesto al cheque, por su parte, encarece determinadas operaciones financieras y puede generar incentivos contrarios a la bancarización.

El resultado es un sistema que, en determinados casos, penaliza la formalidad y genera incentivos para permanecer en la informalidad.

La evasión profundiza el problema. De acuerdo con las cifras planteadas, solo entre IVA y Ganancias de sociedades se pierde una recaudación equivalente a unos ocho puntos del PBI.

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La consecuencia es conocida: quienes cumplen con sus obligaciones fiscales terminan soportando una parte mayor de la carga.

A la estructura tributaria se suma otro factor: la falta de estabilidad.

Las reglas fiscales cambiaron numerosas veces durante las últimas décadas, mientras que la recaudación suele comportarse de manera procíclica: aumenta con fuerza durante los períodos de crecimiento y se reduce cuando llega una crisis.

Esto puede convertirse en una trampa para las cuentas públicas.

Durante los años de expansión aparecen mayores recursos y crece la presión para aumentar el gasto. Cuando la economía se desacelera, en cambio, los ingresos caen justamente cuando aumentan las necesidades sociales.

El resultado puede ser la aparición de déficits que luego deben corregirse de manera abrupta.

Frente a este escenario, una eventual reforma tributaria podría buscar reducir los impuestos más distorsivos y compensar esa pérdida mediante una mayor participación de los tributos sobre ingresos, patrimonios y determinadas rentas.

El objetivo sería ampliar la base de contribuyentes y, al mismo tiempo, reducir las alícuotas allí donde hoy generan mayores obstáculos para producir, invertir o formalizarse.

Un Impuesto a las Ganancias con una base más amplia, menos exenciones injustificadas y una administración tributaria más eficiente podría formar parte de ese esquema.

La lucha contra la evasión también resulta central. Si más personas y empresas contribuyen, existe margen para reducir la presión individual sin necesariamente resignar recursos para el Estado.

La discusión tributaria tampoco puede limitarse al Gobierno nacional.

Nación, provincias y municipios tienen responsabilidades y sistemas de recaudación que muchas veces se superponen. En ese marco, Ingresos Brutos constituye uno de los principales puntos de discusión por su impacto sobre las actividades productivas y las operaciones entre jurisdicciones.

La Ley de Coparticipación Federal vigente desde 1988 también aparece como una pieza central de cualquier debate de fondo sobre el sistema fiscal argentino.

Una mayor coordinación entre los distintos niveles del Estado permitiría reducir distorsiones, evitar barreras internas y generar reglas más previsibles para quienes producen e invierten.

Un sistema tributario más eficiente no garantiza por sí mismo el desarrollo. La productividad, la inversión, la educación, la infraestructura y la estabilidad macroeconómica siguen siendo factores determinantes.

Pero la relación funciona también en sentido inverso: un sistema fiscal mal diseñado puede convertirse en un obstáculo para crecer.

Si los impuestos castigan la formalidad, encarecen la producción, desalientan las exportaciones y cambian constantemente, cualquier estrategia de desarrollo enfrenta mayores dificultades.

La discusión, por lo tanto, no debería limitarse a cuánto recauda el Estado, sino a cómo recauda y qué incentivos genera esa estructura.

El desafío consiste en construir un sistema que permita financiar de manera sostenible las funciones esenciales del Estado —salud, educación, ciencia, infraestructura y protección social— sin regresar a una dinámica de déficit permanente.

El desarrollo sostenible no consiste en gastar por encima de los recursos disponibles. Tampoco necesariamente implica reducir de manera indiscriminada el tamaño del Estado. El punto central es construir una estructura fiscal capaz de sostener en el tiempo al Estado y, al mismo tiempo, generar mejores condiciones para producir, invertir y crecer.

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Leer la nota original en El Esquiú
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