Allanaron la concesionaria denunciada y liberaron al dueño

Secuestraron documentación contable en el local. Chávez fijó domicilio y la causa se unificó en la Fiscalía de Instrucción 3.

La investigación penal en torno a las actividades de la concesionaria "Fasil Car" sumó novedades en las últimas horas tras las medidas ordenadas por la Justicia, luego de los graves incidentes registrados el mediodía del jueves en su local comercial de la Capital. Según confirmaron fuentes judiciales consultadas por El Ancasti, el propietario de la firma, Fabián Chávez, recuperó la libertad bajo estrictas restricciones procesales, al tiempo que se ejecutó un allanamiento en el comercio y se dispuso el traslado de todo el expediente a otra fiscalía de instrucción por razones de competencia.

El conflicto principal se había desencadenado cuando un numeroso grupo de clientes damnificados se congregó de urgencia en la agencia de venta de vehículos, ubicada en la zona alta de la ciudad, tras recibir alertas de que el dueño del comercio se disponía a cargar motovehículos y diversos elementos de valor en una camioneta particular que traccionaba un tráiler. Según expusieron los presentes, la rápida movilización de los perjudicados tuvo como único objetivo impedir el presunto vaciamiento del local de ventas y el aparente cierre definitivo del negocio sin que se les brindara una respuesta por los capitales invertidos.

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Ante el marcado estado de tensión generalizada y los cruces verbales, se requirió de inmediato la presencia de efectivos policiales en el lugar para evitar desmanes.Tras permanecer demorado preventivamente desde la jornada del viernes, las autoridades judiciales determinaron otorgarle la libertad a Chávez. No obstante, el comerciante quedó formalmente ligado al proceso judicial, se le exigió la fijación de un domicilio legal y se le impuso la obligación de informar y solicitar autorización ante cualquier eventual salida de la provincia.

Asimismo, en paralelo a su liberación, la Justicia dictó una orden de allanamiento en las instalaciones de la concesionaria. El procedimiento tuvo como objetivo principal el secuestro de documentación contable, contratos, recibos y registros internos para constatar de manera fehaciente si los papeles comerciales coinciden con las maniobras denunciadas por los particulares, y verificar fehacientemente las dinámicas del comercio.Con respecto al futuro de la pesquisa, las fuentes confirmaron a este diario que la fiscalía en turno declinará la competencia de las actuaciones y que será la Fiscalía de Instrucción N° 3 la que continúe activamente con la causa.

La decisión responde a un criterio técnico procesal de acumulación por conexidad: en dicha unidad judicial ya se encuentra radicada una denuncia penal previa contra el mismo comerciante, la cual data del mes de marzo pasado. Al tratarse de la primera presentación formal que dio origen a la investigación de los antecedentes, todas las actuaciones subsiguientes se acoplarán allí.A ese expediente principal se sumará ahora la oleada de nuevas presentaciones formalizadas ante la Unidad Judicial N° 1 por los damnificados de la Capital, quienes coordinaron acciones para unificar sus reclamos.

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La problemática además posee ramificaciones en el interior provincial. Personas afectadas residentes en las localidades de Fiambalá y El Alto manifestaron registrar denuncias previas en sus respectivas jurisdicciones y coordinaron el envío de los números de expediente para sumarlos al despacho judicial, aduciendo haber entregado importantes sumas de dinero en efectivo por rodados que jamás les fueron otorgados. El caso tomó estado público a inicios de esta semana tras la presentación de una vecina de Valle Viejo, quien expuso haber abonado la totalidad de una motocicleta cero kilómetro hace cinco meses sin recibir el bien ni respuestas de la firma, aun superando instancias de conciliación obligatoria en Defensa del Consumidor.