Aguirre impulsa un régimen municipal para aliviar y reordenar las deudas de trabajadores y familias

Concejo Deliberante

La iniciativa combina refinanciación, créditos a tasas preferenciales, protección del ingreso y controles reforzados para resguardar cada peso público.

El concejal Gustavo Aguirre presentó un proyecto de ordenanza para crear el "Régimen Excepcional y Transitorio de Alivio y Reordenamiento Financiero de las Familias y Trabajadores Municipales", una herramienta local destinada a acompañar a personas afectadas por el sobreendeudamiento y la creciente dificultad para cumplir sus obligaciones sin comprometer necesidades esenciales.

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La propuesta reconoce que gran parte del problema responde a factores económicos y financieros que tienen su raíz en la situación económica que vive el país, que exceden la competencia municipal. Sin embargo, plantea que la ciudad puede actuar responsablemente mediante sus propias herramientas: la Caja de Crédito Municipal, el sistema de liquidación de haberes y los servicios municipales de orientación y atención.

"Somos conscientes que se trata de problema que tiene alcance nacional, y que en la mayoría de los casos es entre privados, pero tampoco queremos mirar para otro lado y permanecer indiferentes ante la grave situación que están viviendo muchas familias de nuestra ciudad y los trabajadores municipales que ya han comprometido gran parte de sus ingresos a pagar créditos para cubrir otros créditos, que se usan para comprar alimentos, pagar la luz o el alquiler, poniendo en grave riesgo su capacidad alimentaria. Proponemos utilizar las herramientas locales disponibles para que una deuda impagable pueda transformarse en una obligación sostenible, sin regalar dinero y sin poner en riesgo los fondos públicos", señaló Aguirre.

El proyecto contempla la refinanciación de créditos vigentes o en mora con la Caja, la sustitución y consolidación de deudas de alto costo, una línea para gastos familiares esenciales, un servicio gratuito de orientación financiera y la ampliación de los canales de atención presenciales y digitales.

También establece que los descuentos voluntarios procesados en los códigos automaticos sobre ingresos municipales no podrán superar, como regla general, el 30% del ingreso neto disponible. Excluyendo las obligaciones alimentarias.

Uno de los ejes centrales es el principio de esfuerzo compartido. La Caja no podrá limitarse a cambiar una deuda cara por otra ni cancelar el saldo reclamado sin una importante reducción. Antes de cualquier pago deberá verificar la existencia y composición de la obligación, excluir conceptos improcedentes o abusivos y obtener una quita real del acreedor.

En las deudas con entidades autorizadas, la quita no podrá ser inferior al 20% del saldo legítimamente verificado. Para el régimen excepcional de obligaciones con acreedores particulares, se eliminarán los intereses y accesorios pendientes y, sobre el capital residual comprobado, se exigirá una quita mínima del 25%, sin tope máximo. El Directorio podrá requerir una reducción superior según los antecedentes de cada caso.

"El acreedor debe aceptar cobrar menos de lo que reclama, renunciar a saldos e intereses, entregar el libre deuda y devolver o inutilizar pagarés y garantías. Si no acepta la quita o pretende conservar derechos de cobro, la Caja no paga", explicó el concejal.

Los fondos nunca serán entregados al solicitante: se transferirán directamente al acreedor verificado o se depositarán judicialmente. El pago sólo podrá realizarse cuando produzca la cancelación total y definitiva de la deuda anterior. La persona beneficiaria celebrará un nuevo contrato con la Caja y devolverá únicamente el importe efectivamente desembolsado, en condiciones compatibles con su capacidad real de pago.

El proyecto excluye expresamente a compradores y cesionarios de carteras de morosos o créditos incobrables, agencias de cobranza, gestores de recupero, prestamistas informales habituales y acreedores vinculados con el solicitante. Tampoco admite préstamos en efectivo, con criptoactivos, mediante cuentas de terceros o sin trazabilidad bancaria completa.

En el régimen residual para acreedores particulares, cada expediente deberá contar con informes económico-social, contable, jurídico, fiscal, patrimonial, de prevención de fraude y de Defensa del Consumidor; dictamen favorable de Asesoría Letrada; certificación presupuestaria; y aprobación unánime de la totalidad del Directorio, bajo responsabilidad personal de cada integrante. Ante una duda razonable, prevalecerá la protección del patrimonio municipal.

La iniciativa tendrá una duración de doce meses y sólo podrá prorrogarse una vez mediante una nueva ordenanza fundada. Los fondos se identificarán contablemente, los "recuperos" podrán reutilizarse dentro del régimen y la Caja deberá informar trimestralmente al Concejo Deliberante sobre solicitudes, montos, tasas, reducción de cuotas, morosidad, recupero y recursos utilizados, con información agregada y anonimizada.

"La idea es sencilla: alivio para quien necesita ordenar sus deudas, reglas exigentes quitas importantes para quien pretende cobrar y controles para proteger el dinero de todos. Es una respuesta social, pero también institucionalmente responsable", concluyó Aguirre.

Primero se depura la deuda. La Caja acredita y verifica el capital, pagos, intereses, cargos, comisiones y gastos. Lo improcedente, abusivo, dudoso o no acreditado no se financia.

Después se exige una quita. En el régimen formal existe un mínimo del 20% sobre el saldo legítimo verificado. En el régimen particular se eliminan intereses y accesorios pendientes y se exige, además, al menos un 25% de quita sobre el capital residual, sin tope máximo.

La Caja puede exigir más. El 25% es un piso, no un techo. El Directorio puede imponer una reducción superior según pagos previos, intereses ya cobrados, antigüedad, garantías, documentación y recuperabilidad.

No se entrega dinero al solicitante. El desembolso va directamente al acreedor verificado o al expediente judicial.

El pago extingue todo. El acreedor debe aceptar el importe como pago total, único y definitivo, renunciar a diferencias, otorgar libre deuda y devolver o inutilizar pagarés y garantías.

Los actores de cobro especulativo están excluidos. No pueden ingresar compradores o cesionarios de carteras morosas o incobrables, agencias de cobranza, gestores, fondos ni adquirentes de créditos.

El acreedor informal habitual tampoco ingresa. La excepción sólo alcanza al acreedor originario que acredite fondos propios, origen lícito, transferencia trazable y ausencia de habitualidad profesional.

La caja no pierde dinero. Recupera el crédito otorgado, en condiciones mas digna para el solicitante.

El acreedor no recibe un beneficio: acepta cobrar menos, renuncia a intereses y accesorios cuando corresponde, entrega el libre deuda y pierde todo derecho de reclamar saldos. Si no acepta, la operación no se hace.