540 jubilados del ex Territorio protestan en Río Grande y responsabilizan a Melella

Buenos Aires, 9 septiembre (NA) – La crisis previsional de los policías retirados del ex Territorio Nacional volvió a golpear al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella: el sector instaló el 7 de septiembre una carpa por tiempo indeterminado frente a la Jefatura de Policía de Río Grande después de 15 meses sin percibir una parte de sus haberes.

El reclamo involucra a unos 540 beneficiarios y escaló luego de meses de manifestaciones periódicas sin una solución efectiva.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la medida se montó frente a la Unidad Regional Norte y reemplazó la modalidad de protestas que los retirados realizaban dos veces por semana. Alfredo Gatti, referente del grupo, afirmó que la carpa permanecería instalada hasta que se regularizara el conflicto y atribuyó la falta de respuesta al Poder Ejecutivo, al directorio de la Caja de Previsión y a la conducción policial.

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El punto económico es específico: los manifestantes sostienen que dejaron de cobrar el haber compensatorio previsto para quienes prestaron servicio antes de la provincialización de Tierra del Fuego. No denuncian la falta absoluta de toda jubilación, sino la interrupción de ese componente. Gatti aseguró que, para los afectados, la quita alcanzó el 100% del adicional y que la situación obligó a numerosas familias a endeudarse.

Las cifras y las responsabilidades mencionadas corresponden al relato de los retirados y no a una sentencia firme contra Melella. El Gobierno provincial no fue condenado por apropiación de fondos ni existe una resolución que atribuya al mandatario una maniobra delictiva. Sí está documentado que el conflicto superó el año, que el colectivo afectado se movilizó reiteradamente y que la protesta adquirió ahora una modalidad permanente en la vía pública.

El endurecimiento llegó después de que tres integrantes del sector presentaran, el 3 de septiembre, un pedido de juicio político contra el gobernador ante la Legislatura. Esa presentación solicitó que se investigaran acciones u omisiones del Ejecutivo vinculadas con el régimen previsional.

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La existencia de la denuncia no implica que el proceso haya sido abierto ni que las acusaciones hayan sido probadas, pero elevó el reclamo desde el terreno administrativo al institucional.

Gatti también describió consecuencias sanitarias y sociales: retirados con enfermedades crónicas o graves, dificultades con la cobertura médica y compañeros fallecidos durante el período de conflicto.

Esas situaciones fueron expuestas por el vocero del grupo y no permiten adjudicar cada caso de salud a la falta del adicional, aunque muestran el perfil de una población mayor que reclama ingresos previsionales.

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La gestión de Melella quedó directamente alcanzada porque los manifestantes sostienen que ya agotaron gestiones ante la Caja, el Ejecutivo y la Justicia. También afirmaron que existen normas provinciales destinadas a encauzar la deuda y los pagos, pero que no fueron instrumentadas de la manera que esperaban.

La interpretación jurídica pertenece a los reclamantes; el hecho político es que el Gobierno no consiguió desactivar el conflicto durante 15 meses.

Agencia NA

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