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La Justicia puso punto final a la disputa por el ex Comando y quedó firme la defensa del patrimonio impulsada por el Gobierno de Jaldo
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La Justicia puso punto final a la disputa por el ex Comando y quedó firme la defensa del patrimonio impulsada por el Gobierno de Jaldo

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Redacción
sábado, 08 de agosto de 2026 · 09:02 p. m. hs · 1 min
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La Corte Suprema de Tucumán desestimó un recurso del Ministerio Público Fiscal y cerró definitivamente la controversia por el proyecto de remodelación del histórico edificio de avenida Sarmiento. La resolución mantiene vigente la alternativa que preserva la estructura patrimonial del inmueble

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán puso fin a la disputa judicial por el futuro del edificio de la ex sede del Comando de la V Brigada de Infantería, ubicado en avenida Sarmiento 431, donde funciona actualmente el Fuero Penal.

El máximo tribunal provincial rechazó un recurso de casación presentado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y consideró que la controversia había perdido vigencia luego de que el propio organismo reformulara su proyecto edilicio y obtuviera la autorización correspondiente para avanzar con una alternativa compatible con la preservación histórica del inmueble.

La resolución consolida así el criterio sostenido por los organismos provinciales encargados de proteger el patrimonio tucumano y deja atrás un conflicto que se había iniciado por una propuesta de ampliación considerada incompatible con las características arquitectónicas del edificio.

El inmueble está alcanzado por la legislación provincial de protección patrimonial. La discusión comenzó cuando el MPF, entonces bajo la conducción de Edmundo Jiménez, impulsó un proyecto destinado a concentrar distintas dependencias del organismo.

La propuesta original contemplaba la construcción de un volumen de ocho pisos sobre uno de los patios internos del edificio. La iniciativa fue observada por la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural, que consideró que esa intervención alteraba de manera significativa la tradicional estructura de claustro del inmueble.

A partir de ese dictamen, el Ente Cultural de Tucumán rechazó el anteproyecto en 2021 y solicitó que se elaborara una nueva alternativa que permitiera atender las necesidades funcionales del Ministerio Público sin afectar el valor histórico del edificio.

El conflicto derivó entonces en una presentación judicial. El MPF cuestionó la validez de la decisión administrativa y planteó una demanda de nulidad, argumentando, entre otros puntos, objeciones vinculadas con la conformación de la comisión que había intervenido en el análisis del proyecto.

Sin embargo, mientras el expediente continuaba su recorrido judicial, la situación cambió. En junio de 2022, la propia Oficina de Arquitectura, Obras y Servicios del MPF presentó una propuesta reformulada que contemplaba las exigencias establecidas para la preservación del inmueble.

La nueva alternativa fue aprobada por el Ente Cultural en agosto de 2022 mediante una resolución que autorizó la factibilidad edilicia. Esa decisión quedó firme y no fue cuestionada judicialmente.

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Pese a ello, el Ministerio Público Fiscal mantuvo su planteo ante la Corte con el argumento de que buscaba revisar la legalidad del procedimiento administrativo que había derivado en el rechazo del primer proyecto.

El máximo tribunal provincial entendió que ya no existía una controversia concreta sobre la cual correspondiera expedirse. Con la aprobación del nuevo proyecto, había desaparecido el conflicto original que había dado origen al proceso judicial.

La sentencia, con el voto de Claudia Sbdar y las adhesiones de Antonio Estofán y Daniel Leiva, aplicó así la doctrina del “caso abstracto” y desestimó el recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal.

El resultado mantiene vigente la intervención reformulada y, al mismo tiempo, consolida la protección sobre un edificio que forma parte del patrimonio histórico de San Miguel de Tucumán.

Para el Gobierno provincial, la resolución representa el cierre de una disputa en la que los organismos de Tucumán sostuvieron la necesidad de compatibilizar las necesidades de infraestructura pública con la conservación de un inmueble de valor histórico.

De esta manera, la alternativa que finalmente quedó en pie permite avanzar con las necesidades edilicias del Fuero Penal sin repetir la intervención de mayor impacto que había sido planteada originalmente.

La decisión de la Corte pone punto final a un expediente que se extendió durante varios años y deja firme el criterio de preservación que permitió proteger la estructura histórica del ex Comando de la V Brigada de Infantería.

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