Jaldo echó a un cabo del Servicio Penitenciario condenado por robo agravado

El Gobierno de Tucumán dispuso la destitución y exoneración definitiva de un cabo del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) que fue condenado a ocho años de prisión efectiva por un robo agravado. La decisión fue oficializada mediante un decreto del Poder Ejecutivo y representa la expulsión definitiva del agente de la fuerza.

Se trata de Ariel Gustavo Aráoz, quien fue condenado por la Justicia como coautor del delito de robo triplemente agravado, cometido con un arma de fuego cuya operatividad no pudo acreditarse, en poblado y en banda, y ejecutado por integrantes de la fuerza policial y del Servicio Penitenciario.

La medida lleva la firma del ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, y del secretario de Estado de Seguridad, Héctor Gustavo Vizcarra, y fue ratificada por el gobernador Osvaldo Jaldo, luego de que la sentencia quedara firme.

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El sumario administrativo se había iniciado en 2023, cuando la Justicia notificó la prisión preventiva del efectivo. El expediente interno quedó supeditado al avance de la causa penal y, una vez firme la condena, el proceso disciplinario concluyó con la sanción máxima prevista por la normativa vigente.

Durante la investigación administrativa, el agente no presentó descargo ni ejerció su defensa dentro de los plazos establecidos, por lo que las áreas técnicas del Servicio Penitenciario y la Fiscalía de Estado dictaminaron que correspondía su exoneración.

Desde el Ejecutivo remarcaron que la decisión se enmarca en la política de tolerancia cero frente a hechos delictivos cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad, con el objetivo de preservar la transparencia institucional y apartar de manera definitiva a quienes incumplen los deberes propios de la función pública.

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Con esta resolución, el Gobierno provincial ratificó que los agentes condenados por delitos incompatibles con el servicio no pueden continuar formando parte de las fuerzas de seguridad de Tucumán.