En plena discusión por Malvinas, el Gobierno habilita una exploración petrolera impulsada por una firma británica
La medida fue publicada antes del cruce mundialista entre Argentina e Inglaterra y apunta al área offshore CAN 200. El permiso de exploración será licitado a partir del interés manifestado por Challenger Energy Group PLC, una compañía inglesa.
Mientras el país seguía con atención la previa del partido entre Argentina e Inglaterra, el Gobierno nacional publicó una medida que abrió un fuerte debate por sus implicancias políticas y estratégicas.
El Decreto 590/26 instruye a la Secretaría de Energía a convocar a un Concurso Público Internacional para adjudicar un permiso de exploración offshore en el área CAN 200, ubicada en el Mar Argentino. La convocatoria surge a partir de una manifestación de interés presentada por Challenger Energy Group PLC, una empresa británica.
La coincidencia temporal con el partido y con la discusión pública sobre Malvinas hizo que la medida tuviera una repercusión inmediata. En los últimos días, el reclamo soberano volvió al centro de la escena por las restricciones a símbolos alusivos a Malvinas y por el cruce deportivo con Inglaterra.
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El punto más cuestionado del decreto es que el permiso incluiría una prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales con sede en el extranjero. Para especialistas, ese detalle podría dejar al país en una posición más débil ante eventuales controversias.
La polémica se da además en un contexto en el que compañías extranjeras avanzan con proyectos hidrocarburíferos vinculados a Malvinas. Según la publicación, Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum Development and Production Limited anunciaron inversiones para desarrollar el yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
Más allá del procedimiento formal de licitación, el caso vuelve a instalar una pregunta de fondo: qué rol debe tener el Estado argentino frente a recursos estratégicos ubicados en su plataforma continental.
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La exploración offshore aparece como una oportunidad económica, pero también como un terreno donde la soberanía energética y la defensa de los intereses nacionales quedan bajo observación.
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